La articulación entre las áreas de Denuncias e Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa fortalece la capacidad institucional para prevenir la impunidad y garantizar procedimientos con rigor jurídico.
En seguimiento a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de consolidar un gobierno honesto, transparente y con cero tolerancia a la corrupción, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, encabezó una reunión de trabajo con el personal de las áreas de Denuncias y del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), con el propósito de fortalecer la coordinación operativa y elevar la calidad técnica de las investigaciones administrativas.
Durante la jornada se analizaron los avances de los asuntos en trámite, se revisaron criterios jurídicos para la integración de expedientes y se definieron mecanismos de coordinación que permitan consolidar investigaciones más sólidas, oportunas y sustentadas en evidencia, garantizando en todo momento el respeto a la legalidad, el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
La secretaria Ana Laura Romero Basurto destacó que la adecuada articulación entre las áreas responsables de recibir, investigar y documentar las denuncias constituye un factor determinante para la correcta integración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), instrumento jurídico que da sustento al inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa y fortalece el combate a la impunidad.
Subrayó que el fortalecimiento permanente de las capacidades técnicas y jurídicas del personal permite mejorar la trazabilidad de las investigaciones, optimizar los tiempos de atención y consolidar expedientes con mayor solidez probatoria, elementos indispensables para una actuación institucional eficaz, objetiva y apegada al marco jurídico vigente.
Con acciones como esta, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso de perfeccionar continuamente sus procesos internos, fortalecer la coordinación entre sus áreas sustantivas y consolidar un modelo de investigación administrativa basado en la legalidad, la integridad, la evidencia y la excelencia técnica, contribuyendo a la construcción de un gobierno transparente que proteja el patrimonio público y fortalezca la confianza de las y los chiapanecos en sus instituciones.
