Por invitación del Dr. Gabriel Enrique Bravo del Carpio, rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas (FLDCH), la Mtra. Ana Laura Romero Basurto asistió a la inauguración de la Consultoría Legal de esta institución, un espacio académico con enfoque social que busca fortalecer la formación práctica de las y los estudiantes, así como brindar orientación jurídica gratuita a la población.
El evento contó con la distinguida presencia de autoridades académicas y representantes del ámbito jurídico, entre quienes destacaron la Mtra. Susana Palacios Morales, directora de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas; la Mtra. Ivette Montero Rodríguez, representante legal del Centro Mexicano Pro-Bono; la Dra. Karla Marena Carranza Ojeda, coordinadora de la Consultoría Legal Pro-Bono; el Dr. Guillermo Nieto Arreola, consejero jurídico en representación del Gobernador del Estado, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar; la Dra. Fabiola Huerta Salvá, presidenta del Consejo Académico de la FLDCH; así como el Mtro. Alexander Salazar Ruiz, director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado.
El Consultorio Pro-Bono de la FLDCH tiene como propósito profesionalizar al estudiantado mediante el contacto directo con la realidad jurídica, ofreciendo asesoría legal a sectores económicamente vulnerables del estado, particularmente a personas cuyo ingreso mensual no supera el salario mínimo. Entre sus objetivos destacan la difusión del acceso a la orientación legal gratuita, el fortalecimiento de la confianza pública en los futuros profesionistas del Derecho y la promoción de valores como la empatía, el compromiso social y la ética profesional.
En su mensaje, la Mtra. Romero Basurto subrayó la importancia de impulsar iniciativas que acerquen el conocimiento jurídico a la ciudadanía, especialmente a quienes más lo necesitan, al tiempo que permiten a las nuevas generaciones desarrollar habilidades con un alto sentido de responsabilidad social.
Asimismo, reconoció el esfuerzo de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas por promover espacios que fortalecen la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, destacando que la colaboración entre instituciones académicas y el sector público es fundamental para consolidar el Estado de Derecho y una cultura de integridad y transparencia.
Finalmente, reiteró la disposición de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para continuar trabajando de manera coordinada con el sector educativo, impulsando acciones que contribuyan a la formación de profesionistas éticos, comprometidos y con vocación de servicio, en beneficio de la sociedad chiapaneca.
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